Economía quita dramatismo al envejecimiento: no afectará al gasto público

La sostenibilidad de las pensiones a largo plazo –hasta 2060– está asegurada. Eso, al menos, es lo que estima el Gobierno en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, en el que considera posible, a la luz de las últimas previsiones sobre envejecimiento y crecimiento económico, que el gasto en pensiones al final del periodo baje hasta el 11% del PIB. Por lo tanto, ocho décimas menos del nivel alcanzado en 2013.

La causa de este descenso –se llegará a un pico del 12,3% del PIB en 2050– tiene que ver con las sucesivas reformas que se han venido aplicando desde el año 2011. En particular, con el aumento de la edad efectiva de jubilación, con el incremento del número de años cotizados para el cómputo de la cuantía de la pensión y con la aplicación del nuevo índice de revalorización. Estas reformas, sostiene el Ejecutivo en su comunicación a la Comisión Europea, “aseguran su sostenibilidad en el futuro”.

En concreto, la edad efectiva de jubilación ha venido aumentando paulatinamente pasando de 63,9 años en 2012 (antes de la reforma) a 64,1 en 2014, y el Gobierno espera que continúe esta senda. El porcentaje de jubilaciones anticipadas, de hecho, ha pasado del 42,2% en 2012 (antes de la reforma) al 41,3% un año más tarde.

El ahorro para el sistema de pensiones es, por lo tanto, evidente. En el Programa de Estabilidad se estima que entre 2014 y 2018, gracias a las reformas de 2011 y 2013, que se convierten en permanentes sin posible vuelta atrás, el impacto presupuestario será equivalente a 11.735 millones de euros.

El ahorro en pensiones como consecuencia de los ajustes, sin embargo, comenzará a ser significativo en 2020 (0,8% del PIB en un año), pero irá creciendo hasta representar nada menos que 3,4 puntos de la riqueza generada en 2050. Es decir, que ese año, si no se hubieran aprobado las reformas, el gasto en pensiones hubiera sido superior en 34.000 millones de euros actuales. Ese es el ahorro para el sistema público de protección social.

Las nuevas proyecciones han sido elaboradas por los técnicos del Ministerio de Economía, y tienen en cuenta los nuevos escenarios de población para las próximas décadas, muy alejadas de las que se hicieron hace pocos años. La salida de inmigrantes está detrás de este proceso. Eurostat proyecta actualmente una estabilización de la población española a largo plazo en torno a los 46 millones de personas, frente a la anterior proyección de un crecimiento de la población de 6 millones de personas entre 2013 y 2060.

Caída de la población activa

La consecuencia de ello es negativa para la economía española. Hasta el punto de que el Gobierno reduce sus estimaciones de población activa y de PIB nominal respecto de lo previsto en 2012. Debido a ello, el Ejecutivo revisa también sus estimaciones sobre la llamada tasa de dependencia, que refleja la proporción entre la población de más de 64 años y la población de 15 a 64 años. Con las nuevas proyecciones, la tasa de dependencia pasara del 26% en 2013 al 62% en 2050.

Sin embargo, disminuirá al 53% en 2060 gracias a que la emigración neta de los próximos años reduce el número de jubilados con derecho a pensión en los años 2050, pero también “gracias a la recuperación de altas tasas de inmigración neta a partir de 2030”. En definitiva, sostiene el Gobierno, la presión demográfica genera una tendencia alcista de la proporción entre gasto en pensiones y PIB para el periodo 2013-2050 pero presiones bajistas a partir de entonces.

Las sucesivas reformas del sistema público de pensiones tendrán, igualmente, importantes efectos sobre el empleo. O para ser más precisos sobre las horas trabajadas. El Ministerio de Economía estima que ya en 2025 -debido al retraso en dos años de la edad legal de jubilación y al endurecimiento de las jubilaciones anticipadas- se producirá un aumento notable. En concreto, de 1 punto porcentual para las horas trabajadas y de 0,9 puntos porcentuales para el PIB real.

El envejecimiento de la población, en todo caso, no tendrá efectos devastadores sobre la economía española en el largo plazo. Y esto es así debido a que unas partidas –sanidad o cuidados de larga duración– juegan en contra, y otras –educación o desempleo– operan a favor. El gasto en sanidad, en concreto, pasará de representar el 5,9% al 7,1% en 2050.

En su conjunto, y hasta 2060, el gasto asociado al envejecimiento de la población se situará en el entorno del 25% del Producto Interior Bruto (PIB), incluso ligeramente por debajo de 2013, cuando el desempleo o el gasto en educación (por la pirámide demográfica) fue sensiblemente mayor de lo que ahora se estima para las próximas décadas.

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