Corrupción, la amenaza para la inversión tras las reformas

La puesta en marcha de los cambios estructurales está en riesgo debido a la debilidad institucional de México en sus tres niveles de gobierno, la deficiente regulación y falta de transparencia. Vicios como los conflictos de interés a la hora de otorgar contratos públicos ahuyentan a inversionistas y dejan ver que el país no está listo para las grandes ligas.

 

Por Paola Palma

Es el momento para preguntarse si México tiene las instituciones y las políticas públicas necesarias para generar crecimiento y competir en las grandes ligas mundiales. ¿Por qué resulta casi imposible para nuestro país que la economía crezca por arriba del 3%? ¿Son efectivas las prácticas de gobierno para crear condiciones de crecimiento en todo el territorio nacional?

Dentro de los factores funda­mentales para la competitividad y el crecimiento económico se encuentra la calidad de las instituciones públicas. A la par, son fundamentales las acciones o intervenciones emprendidas por el gobierno para potenciar el crecimiento económico a través de algún tipo de política pública.

México ocupa la posición 109, de una lista de 144 países, en cuanto a la calidad y com­petitividad de sus institu­ciones, según el Índice de Competitividad Global. Las instituciones mexicanas están más próximas a las de Honduras (lugar 108) o Guatemala (114) que a las de Chile (28) o Estados Unidos (33).

Los resultados de las políticas, ya sea económicas o de cualquier otra índole, dependen de la eficacia y orientación de las institucio­nes que las ejecutan, de la solidez de su diseño y la manera en que son implementadas, de la dispo­nibilidad de recursos para llevarlas a cabo y de la profesionalización de los servidores públicos que las ejecutan.

Según el Índice de Políticas Públicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que mide la calidad de las políticas de gobierno, México se encuentra en un nivel de calidad medio, compartiendo po­sición con países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

La problemática princi­pal de las políticas guber­namentales de países como México radica en procesos deficientes de implemen­tación, baja eficiencia en el ejercicio de los recursos y una vigilancia defectuosa, lo que da lugar a resultados poco efectivos.

México ocupa la posición 61 en el Índice Global de Competitividad 2014-2015, superado por Chile (32), Panamá (48), Costa Rica (51) y Brasil (57). Es evidente que la calidad ins­titucional y de las políticas se refleja en la competitividad que los países pueden alcanzar a nivel global.

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Reparto de culpas

¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos locales en la calidad ins­titucional y el éxito de las políticas económicas?

En sistemas de gobiernos fede­rales como el de México, las po­líticas necesariamente requieren de ser coordinadas en tres niveles distintos. De la coordinación entre los niveles federal, estatal y muni­cipal depende el éxito o el fracaso de las intervenciones planteadas a nivel nacional y la traducción de éstas en beneficios tangibles para la población.

La Organización para la Coope­ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala en su último “Estudio Económico sobre México” que los estados y municipios pueden mejo­rar o entorpecer la capacidad de sus territorios para generar crecimiento y atraer inversión a través de meca­nismos regulatorios y la manera en la que ejecutan políticas públicas.

Si las políticas y regulaciones estatales son poco eficaces, excesi­vas, poco transparentes y tienen un sesgo anticompetitivo, la capacidad de esos estados para generar cre­cimiento económico simplemente no existe. Por el contrario, en las entidades donde las autoridades se muestran dispuestas a desarrollar y explotar las ventajas existentes en sus territorios, así como a crear entornos favorables a la inversión y al emprendimiento formal, los resultados son positivos.

Al analizar el Índice de Com­petitividad Estatal Imco 2014, que enlista a los estados de acuerdo con su capacidad para atraer y retener inversiones, es evidente que la cali­dad de las políticas e instituciones de nuestros gobiernos locales, su orientación y nivel de compromiso a favor del crecimiento económico dejan mucho que desear.

La mayor parte de los estados mexicanos tienen bajos niveles de competitividad debido, en gran me­dida, a un deficiente desempeño de sus instituciones y una baja calidad de políticas públicas.

Un ejemplo claro es Guerrero. Marcado por una debilidad institu­cional rampante, afectado por gru­pos de interés capaces de bloquear las acciones del gobierno a través de actos violentos, con una economía que sufre las consecuencias de la cri­minalidad y la ausencia del Estado de Derecho, es la entidad con menor capacidad competitiva del país.

Las economías locales crecen cuando los factores productivos (capital humano, financiero, físico) se desplazan hacia los proyectos y los sectores más productivos. En nuestros estados ocurre justo lo con­trario: son territorios que no atraen inversión, no tienen un clima de negocios propicio, sus empresas se encuentran estancadas y gran parte de su mano de obra se emplea en actividades de baja productividad.

La OCDE resalta que eliminar restricciones a la competencia a escala estatal y municipal acarrea importantes beneficios económicos. La gran parte de las regulaciones estatales son obsoletas o anticompe­titivas. Desafortunadamente, las acciones para sim­plificar y modernizar los marcos jurídicos y regulatorios locales enfrentan rechazo y reveses sustanciales.

Los estados y municipios mexicanos requieren desarrollar instituciones de calidad y regu­laciones con un enfoque competi­tivo. Necesitan mejorar la capacidad administrativa y el desempeño del personal a su servicio, así como transparentar su actuación. De no hacerlo, seguirán condenados al estancamiento económico, la po­breza y la falta de oportunidades para la población.

 

Efecto nacional, implementación local

Este año inicia formalmente la implementación de las reformas estructurales que implica la coordinación entre los tres niveles de gobierno para homologar legisla­ciones, crear instancias ejecutoras y coordinar procesos.

En esta etapa, las reformas pueden quedar tan sólo en buenas intenciones si los gobiernos locales no se comprometen con su implemen­tación o si son saboteadas por grupos de interés que, a través de actos de protesta, doblegan a la autoridad estatal.

Guerrero y Oaxaca son ejemplos claros de entidades en donde grupos de interés impiden la implementación de políticas federales. En este caso en particular, sabotear la reforma educativa ha sido, desde hace años, una tarea constante y muy lucrati­va en términos políticos.

Las acciones de los grupos que bloquean la ejecución de ciertas políticas tienen consecuencias que van más allá del ámbito de su interés, al provocar un ambiente de incertidumbre que desalienta la in­versión productiva en su territorio.

Bajo las actuales condiciones económicas que vive el país, es imperativo que sean implementa­das las reformas a nivel estatal con neutralidad de intereses y eficacia.

¿México está listo para jugar en las grandes ligas? Si nuestro país pretende atraer a grandes corpora­tivos internacionales que destinen millonarios flujos de inversión en sectores como el energético, es necesario que se les brinde la certeza de que los procesos para que establezcan sus operaciones, participen en licitaciones y ganen contratos son totalmente trans­parentes y llevados a cabo con apego a la ley.

Los conflictos de interés, las licitaciones a modo y los pagos para ganar contratos demuestran que los arreglos institucionales en México no brindan condiciones mínimas de seguridad para los inversionistas. México no está bien calificado en materia de sobornos para obtener contratos públicos y licitaciones. El índice de compe­titividad global sitúa al país en la posición 119 de 144 países, debido a que este tipo de prácticas es alta­mente frecuente.

En febrero pasado, Pemex firmó con la OCDE una Carta de Inten­ción para implementar procedi­mientos de adquisición de bienes, obras y servicios bajo las mejores prácticas internacionales en la materia.

La señal es clara: México debe fortalecer la transparencia. Si la legalidad y transparencia de proce­sos de participación en los proyec­tos energéticos está en duda y los inversionistas extranjeros perciben posibles prácticas de corrupción para ganar contratos, simplemente se retirarán.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaró recientemente que las reformas no bastaban, ya que también se necesitaba confian­za para detonar el crecimiento del país. Sin embargo, la confianza en el actuar del gobierno no se obtiene gratuitamente. Surge cuando los arreglos institucionales (las reglas del juego para ciudadanos, inver­sionistas, burócratas, políticos) no sólo son permanentes, sino que son iguales para todos.

El favoritismo en las decisio­nes burocráticas es otro elemen­to que resta legitimidad a los procesos de reforma y, en este ámbito, México tampoco sale bien parado: ocupa el lugar 99 a escala mundial, debido a la frecuencia de este tipo de conductas.

El Congreso aprobó reciente­mente la iniciativa para crear el Sis­tema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, el diseño planteado en la iniciativa no da pie a una estructura institucional sólida, capaz de trans­parentar y, sobre todo, desincenti­var y castigar actos de corrupción ocurridos en los tres niveles de go­bierno. Estas medidas son urgentes, ya que el país no podrá atraer inver­sionistas internacionales cuando sus condiciones de transparencia lo sitúan en el lugar número 75 a escala global y su calificación en materia de corrupción lo sitúa en la posición 110.

Según Rolf Alter, director de Gobernanza de la OCDE, las medidas anticorrupción anunciadas por el presidente Enrique Peña contri­buyen a reforzar la confianza en México, al aumentar el nivel de transparencia en la toma de deci­siones gubernamentales.

Sin embargo, las reglas de transparencia y anticorrupción son necesarias no sólo para transpa­rentar la acción gubernamental. Es fundamental abatir la desconfianza social que vive el país y que puede comprometer el éxito de las refor­mas y el rumbo de nuestro país en los próximos años.

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La entrada Corrupción, la amenaza para la inversión tras las reformas aparece primero en Forbes México.

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