Dan millones a empresas fachada; contratos en Matamoros

Andrés Becerril
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de mayo.- Leticia Salazar Vázquez, presidenta municipal de Matamoros, Tamaulipas, ha entregado contratos por al menos 200 millones de pesos del presupuesto federal para programas sociales a empresas que registraron domicilios fiscales en casas particulares o sitios inexistentes, entre 2014 y lo que va de 2015. Excélsior tiene copia de la relación de la obra pública contratada a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y de Servicios  Públicos del Ayuntamiento de Matamoros, un legajo de contratos y oficios para el pago de facturas a un grupo de empresas sin infraestructura. De acuerdo con este listado, la alcaldesa autorizó a 30 empresas dinero de los fondos para infraestructura social municipal, contingencias económicas, pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público, rehabilitación de infraestructura educativa, y rescate de espacios públicos, así como del Conaculta.

El gobierno de Salazar Vázquez, de extracción panista, estuvo en el centro de una controversia el año pasado, cuando se acusó al Grupo Hércules, corporación de seguridad de élite de Matamoros, de la desaparición y muerte de cuatro personas, entre ellos tres hermanos de origen estadunidense.

Ramiro Salazar, padre de la alcaldesa, compite actualmente por una diputación federal.

La primera denuncia sobre los contratos a empresas fachada otorgados por el ayuntamiento de Matamoros se dio a conocer en el noticiero de Adela Micha en Grupo Imagen Multimedia.

El gobierno municipal se negó a dar una opinión sobre la documentación obtenida a través de un funcionario local.

Alcaldesa beneficia a 30 empresas fachada

Negocios sin infraestructura fueron favorecidos por Norma Leticia Salazar en Matamoros.

Entre 2014 y lo que va de 2015,  Leticia Salazar Vázquez, alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, ha entregado contratos por al menos 200 millones de pesos del presupuesto federal para programas sociales a empresas que registraron domicilios fiscales en casas particulares o sitios inexistentes.

Excélsior tiene copia de la relación de la obra pública contratada a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Ecología y de Servicios Públicos del ayuntamiento de Matamoros, un legajo de contratos y oficios para el pago de facturas a un grupo de empresas sin infraestructura y que fueron beneficiadas por Leticia Salazar con dinero federal.

De acuerdo con el listado de obra, la alcaldesa de Matamoros autorizó a 30 empresas dinero de los presupuestos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal  (Fismun) del Ramo 33;  del de Contingencias Económicas, correspondiente al Programa del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas;  del Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (Fopedarie);  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun);  Hábitat  y Rescate de Espacios Públicos (Sedatu) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Desde hace meses, Grupo Imagen Multimedia, a traves de La Primera por Adela, de Adela Micha, ha seguido de cerca el tema de Matamoros. Fue a través de Micha que se empezaron a conocer diversas irregularidades en la asignación del presupuesto en la obra pública por parte de Salazar Vázquez.

En el ayuntamiento de Matamoros se negaron a dar una opinión sobre la documentación obtenida a través de un funcionario público del gobierno municipal. Nora González Sánchez, directora de Comunicación Social, dijo a este diario que se trata de un golpe político porque “en la administración de Lety Salazar todo se hace conforme a la ley”.

Con una copia del Refrendo del Padrón de Contratista 2015, elaborado por la Contraloría Municipal de Matamoros, se hizo un recorrido por algunos de los domicilios fiscales registrados por varias de las empresas y constató que los inmuebles no corresponden con los de empresas de construcción acreditadas para obtener obra pública.

Algunos casos en donde el domicilio fiscal registrado es una casa habitación y no el de una constructora son:

La empresa del arquitecto Vladimir Aram Rodríguez Estrada, que entre 2014 y lo que va de este año ha obtenido 12 millones 280 mil 243 pesos en siete contratos que se nutren del presupuesto federal de Contingencias Económicas; Conaculta, Fortamun y Fopedarie.

Rodríguez Estrada registró la dirección de Manuel García Costilla 136, colonia Paseo del Magisterio, en Matamoros, y ahí hay una sencilla casa habitación.

La del ingeniero Eduardo Guadalupe Ramos Delgado, que en 12 contratos de Contingencia Económica, Fopedarie, Fismun y Hábitat, obtuvo 12 millones 275 mil 854 pesos.

Ramos delgado informó a la Contraloría de Matamoros que el domicilio de su empresa estaba en Privada Alpes 8, Fraccionamiento Hacienda del Puente, en Matamoros, pero ahí solamente está una casa habitación y no un constructora.

La ingeniero Herlinda Cervantes Bueno obtuvo nueve millones 391 mil 758 pesos, al adjudicarse nueve contratos con presupuesto de cinco programas sociales auspiciados por el presupuesto federal.

La ingeniero Cervantes Bueno ofreció a la administración municipal la dirección de Pedregal 33, colonia México, en Matamoros, como el domicilio fiscal de su empresa, pero ahí también solamente está una casa particular.

El licenciado Jesús Omar Rangel Marmolejo en 2014 obtuvo 11 contratos de cuatro programas sociales del gobierno federal, por un total de 12 millones 239 mil 407 pesos.

Rangel Marmolejo informó a las autoridades administrativas del municipio que el domicilio de su empresa era en Calle Ocho, número 801, esquina Bustamante, en el Centro de Matamoros, donde hay una casa habitación.

Otra empresa que está en la lista de las que presentaron una dirección que no corresponde a la de una constructora es Inmobiliaria Horizonte Verde. Obtuvo nueve contratos por siete millones 552 mil 35 pesos, en dos programas sociales del gobierno federal.

Inmobiliaria Horizonte Verde registró como sede el domicilio Islas Feroe 19, en el fraccionamiento Palmares, en Matamoros, pero en ese lugar hay una casa con evidencias de haber sido abandonada.

Fernando Castro Hernández Silva obtuvo contratos por 10 millones 83 mil 48 pesos y que registró un domicilio que no corresponde. En la Contraloría está la dirección de Legislación 250, colonia Independencia, pero ahí está una humilde vivienda donde construyen un segundo piso de manera informal.

Otra de las constructoras que ha obtenido contratos por 16 millones 224 mil 522 pesos, identificada como Proyectos y Construcciones Rivas, es propiedad de José Miguel Rivas, padre de la arquitecta Ana Rocío Rivas Díaz, quien es supervisora de Obras del ayuntamiento, igual que el arquitecto Rodrigo Sebastián Márquez Ayala, coordinador de Programas Federales del municipio.

Padre quiere ser diputado federal

El padre de Norma Leticia Salazar,
alcaldesa de Matamoros, Ramiro Salazar Rodríguez, y Luis Alfredo Biasi Serrano, tío del exsecretario de Desarrollo y Bienestar Social de ese municipio, Luis Alfredo Biasi, arrestado por evasión fiscal y luego liberado bajo fianza, son la dupla para competir por el IV distrito para una diputación federal, el próximo 7 de junio.

La mancuerna Salazar-Biasi compite con la representación del PAN.

El padre de la alcaldesa ya fue diputado local en la LVI Legislatura del Congreso de Tamaulipas.

El polémico Grupo Hércules

Aunque el grupo conocido como Hércules inició sus trabajos en julio de 2014, fue hasta el 7 de septiembre de ese año cuando la alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez, presentó su equipo policiaco integrado por exmilitares.

En la presentación dijo que el objetivo era “dar paz y seguridad a las familias”.

Desde que operó, el grupo de exmarinos y exsoldados causó polémica por supuesto abuso de poder.

El 31 de julio, cuando aún no era presentado oficialmente el grupo, en una reunión de cabildo, el décimo noveno regidor, Ulises Ruiz Pérez, pidió a la presidenta municipal que diera seguimiento los casos donde se involucraba a su equipo de élite.

El Grupo Hércules fue relacionado con el asesinato de cuatro jóvenes, tres de ellos estadunidenses, Érica, de 26 años, Álex, de 22, y José Ángel, de 21, de apellidos Alvarado Rivera, además de  José Guadalupe Castañeda.

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