Primer acto: juicio a Lorenzo Córdova. Una conversación telefónica, como podría ocurrir en millones de intercambios verbales que todos los días se dan en privado, muestra a un consejero presidente del INE que, relajado un instante en medio de las agobiantes responsabilidades de su cargo, narra con sarcasmo el encuentro con los pretendidos representantes de los pueblos indígenas de México, quienes exigen algo ilegal —candidaturas que no cumplen requisitos ni cauces— y amenazan con cometer actos igualmente ilegales —impedir la celebración de elecciones— si su desorbitada exigencia no es atendida; y, según la narrativa telefónica de Córdova, lo hacen con un lenguaje impostado que busca enfatizar teatralmente su origen e identidad étnica, y de allí su mofa. La verdad es una llamada irrelevante. Pero hay quienes dictan sentencia inapelable, haciendo el juego a los responsables de la grabación y difusión de la conversación: un caso de discriminación. Nada más ridículo. Lorenzo Córdova, enteramente contrario en su formación, valores y talante a cualquier forma de clasismo o racismo, ha acreditado en su trayectoria la calidad ética y profesional de la que carecen quienes buscan desprestigiarlo, y lo lamentable es que, con la solemnidad propia de los guardianes de la pureza, los juzgadores de las supuestas expresiones discriminatorias, contribuyen a la causa de unos delincuentes, haciendo de una nimiedad un asunto grave.   Segundo acto: intervenciones correctas e incorrectas.

Además del juicio de las buenas conciencias morales al consejero presidente del INE, en esta trama aparecieron también en escena los actores que, sin pudor alguno, suelen juzgar con doble rasero a los demás, según sus filias, fobias e intereses personales o políticos. Con la exigencia de investigar y sancionar la grabación de la conversación telefónica de Lorenzo Córdova, lo que no habían hecho con todas las intervenciones telefónicas ilegales de los últimos días, semanas, meses y años, sugieren la distinción entre intervenciones correctas e incorrectas, aunque todas constituyan, según la pobre ley de los mortales, un delito. Nada más faltaba: estos representantes de la corrección política tienen la autoridad de declarar en qué casos el delito se puede pasar por alto, si la víctima no les simpatiza, y en qué casos debe ser investigado y sancionado, si consideran que la víctima pertenece a su estirpe. La inconsistencia respecto a un principio fundamental del constitucionalismo liberal y democrático -el respeto a la vida privada de las personas y el requerimiento de orden judicial para intervenir en ella- sería escandalosa si no fuera porque cuenta con el aval de unos iluminados.     

Ni los jueces de la pureza humana o de la corrección política ni absolutamente nadie, resistiría días, semanas o meses de grabaciones y difusión de sus conversaciones o actos privados sin ser humillados o expuestos al escarnio público. Precisamente por esto, la violación de la vida privada es un ilícito y su protección es un derecho fundamental. Por la misma razón, quienes juzgan a alguien a partir de la intervención ilegal de una llamada telefónica o distinguen entre las intervenciones políticamente correctas y las incorrectas, son actores protagónicos de la triste trama de un país donde la ley vale tan poco.