En su última revisión al informe presentado por el Estado mexicano, fechada el 20 de mayo de 2015, ratifica la relevancia de contar con un sistema de justicia penal adolescente comprensivo, que considere al menos: a) ser “adversativo”, es decir, sustentado en la oralidad; b) debe incluir el derecho de audiencia; c) debe diseñar medidas de rehabilitación y reintegración plena de quienes se encuentran en conflicto con la ley; d) debe generar medidas para el pleno desarrollo de las habilidades y capacidades de quienes entraron en conflicto con la ley y; e) sobre todo debe considerar medidas alternativas a la prisión como métodos preferentes de sanción. Los terribles casos que se han dado a conocer recientemente en Chihuahua y Aguascalientes, respecto de crímenes sumamente violentos perpetrados por adolescentes, han generado una vez más una reacción en muchos casos irracional e igualmente violenta, de amplios sectores sociales que claman no sólo por justicia, sino por venganza. Llama poderosamente la atención que en redes sociales haya voces que piden, incluso, el fusilamiento —y lo dicen en serio— de las y los jóvenes que cometen delitos graves.

Lo anterior no es muestra sino de la prácticamente nula cultura y arraigo de los derechos humanos como parte de nuestra mentalidad. Lo decía Gandhi: si aplicamos la ley del “ojo por ojo”, en algún momento todos estaremos ciegos. Por ello, debemos tener cuidado y cerrarle el paso tajantemente a las voces autoritarias que exigen una regresión en materia de justicia penal adolescente.

Es cierto que en nuestro país hace falta un enorme trecho qué recorrer en este rubro. Quizá lo más urgente es garantizar que en todos los estados sea una autoridad judicial, y no una administrativa, la que defina los criterios de sanción, medidas de rehabilitación y reintegración social, así como de reparación del daño de las víctimas.

También es urgente resolver el tema de los derechos humanos en todos los llamados “Consejos Tutelares” (en algunos estados tienen otras denominaciones), y garantizar que en ellos se desarrollan prácticas de disciplina apropiadas y proporcionales a la edad y falta cometida por las y los adolescentes en conflicto con la ley.

En una sociedad tan mediatizada, como la nuestra, debemos ser cuidadosos con la arenga simplista y con el “populismo judicial”. Es muy fácil promover la pena de muerte o argumentar que “no se trata de adolescentes o niños, sino de delincuentes consumados”.

Por el contrario, en un país en el que la mitad de la población sostiene que es “legítimo violar la ley si no se le considera como justa”, en donde se cometen más de 240 millones de actos de corrupción al año, en donde la cifra negra es cercana al 90%, lo verdaderamente difícil es cultivar una nueva cultura generalizada de defensa y exigencia de los derechos humanos.

La existencia de niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado, y a quienes les son asignadas tareas de distribución de drogas, “halconaje”, y hasta participación activa en el “sicariato” habla no sólo de la “descomposición social”, sino también del fracaso institucional en la construcción de una sociedad capaz de proteger a todas las niñas y niños de toda forma de abuso, violencia o maltrato.

Necesitamos de una nueva política integral de protección de los derechos de la niñez, y la urgencia es tal que, de no construirla pronto, estaremos comprometiendo nuestro futuro y posibilidad de transitar hacia una sociedad equitativa y sustentada en una comprensión amplia de los alcances e implicaciones de los derechos humanos en nuestra vida cotidiana.